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Agua Palau: Juanca y la fábrica de hacer negocios


Meses atrás, una diputada pidió un informe sobre los números de la concesionaria de agua mineral, pero aún no se entregaron los números solicitados. Sin poder controlar lo que hace la empresa por falta de información, desde 2007 es un misterio cómo, quién y a qué costo se procesa uno de los recursos más puros y lucrativos de la provincia.

Por Julieta Lucero
 

Desde que Plumada SA se hizo cargo de la concesión de la fuente de agua mineral Palau, nada se sabe sobre lo que pasa puertas adentro de los galpones de producción. Los vecinos de Rosario de la Frontera no ven doblar por la esquina los nuevos camiones que debería haber comprado la empresa, ni los 100 empleados que deberían salir día a día de las instalaciones. Hasta julio de este año, tampoco se había registrado el pago del canon de 400 pesos por el uso de la materia prima que, según el contrato, tendría que abonar mensualmente la empresa.
     En 2007, antes de que se decida cuál de las tres ofertas iba a ganar el pliego, ya se sospechaba de la confiabilidad de Plumada, por la privatización a su favor que firmó el gobierno de Juan Carlos Romero, que terminó en la privatización del cuidado de los documentos públicos de la provincia.
     A todo esto se le suman los últimos rumores: se dice que desde una ventana trasera, niños de la zona vieron algunos pocos enanos feos cantando y bailando mientras etiquetaban envases pet, pero, claro, tampoco hay certezas al respecto.

Humo en la chimenea


El pedido de informe lo hizo la diputada del UCR, Valeria Orozco, el 8 de julio pasado. La representante de Rosario de la Frontera solicitó que se explique "si Plumada  cumple con el pago en tiempo y forma al organismo correspondiente con el canon convenido; el monto y detalle de la inversión hasta el día de la fecha; referencia de la producción anual; y pormenores de la ejecución de las mejoras acordadas". Junto a este texto se entregó un pedido de que en cada publicidad o envase de Palau se especifica el origen del producto. De los dos, sólo se cumplió el último.
     Según el contrato que firmó en mayo de 2007 el ministro de Producción y Empleo del último gobierno de Carlos Romero, Sergio Camacho, y el gerente de la empresa, Daniel Moreno, Plumada debía invertir 30 millones de pesos para mejorar las instalaciones, incorporar tecnología y construir una planta embotelladora en un plazo de cinco años.
     Además, para el primer año de gestión se estipuló una producción de 5 millones de litros y 20 millones de litros hacia 2012. El proyecto de inversión contemplaba, en total, la generación de unos 100 nuevos puestos de trabajo, que se iban a sumar a los que ya estaban trabajando.
     “Sí se absorbieron los catorce empleados de la anterior concesionaria, pero no se tomó nuevo personal. Hubo años en que la planta funcionó con sesenta empleados y hasta llegó casi a los cien. Ahora, no se contrató a nadie más”, denunció Orozco.
     La legisladora agregó que tampoco se sabe nada de la flota de camiones que tenían que adquirir. “Los que vivimos acá no vemos que se refleje la inversión que debía hacerse en la ciudad. No se ven camiones que no sean los viejos con insignias de Palau por las calles de Rosario”.
     El último dato certero sobre la producción del agua mineral es que en el último año en que estaba a cargo la anterior concesionaria se produjeron dos millones de agua con y sin gas.

Juanca y compañía

“Con la empresa anterior tuvimos una mala experiencia. Entre muchos incumplimientos, no se pagaron sueldos. Logramos que se vayan de Rosario, pero se fueron sin que se les haga un juicio”, explicó la diputada radical.
     Orozco afirmó que en ese momento se le reclamó al ministro de Producción que hiciera algo al respecto, pero que “se hizo el sordo”.
     Al parecer, los “amiguismos” políticos fueron claves. “El Estado no se puede hacer cargo de los desastres de privados porque sí. La sociedad anónima anterior estaba involucrada con Romero y hasta plantearon que ellos iban a hacer juicio por lo ocurrido”, dijo la legisladora.
     En su momento, el diputado provincial Pablo López (Partido Obrero) sostuvo que la explotación del agua mineral que se le otorgó a Plumada constituyó “uno de los casos de corrupción” en que se encontraba comprometido el gobierno. López recordó que mientras Star SA y Termas de Rosario de la Frontera SA presentaron una oferta de 1.200.000 pesos, la actual concesionaria “ofreció 21 millones de pesos como inversión”.
     “Esto es una situación muy extraña”, dijo allá por 2007 el diputado. “Es un negocio redondo. Lo más probable es que le saquen el jugo al agua y sin poner ni un solo peso”, predijo, y es lo que hoy teme Valeria Orozco.
     “Son sólo 400 pesos de canon que Plumada tiene que pagar todos los meses y aún así no lo hace. Si uno piensa, es irrisorio que se lleve la semejante fortuna que significa este negocio y no paguen por sacar agua que es de todos”, se lamentó la diputada, que todavía espera por los números de producción, distribución, inversión y ganancia pedidos por la Cámara de Diputados. “Recibieron una compañía destrozada y creo que ya les dimos un tiempo prudencial para que se organicen”.
     Casi como la fábrica de Roald Dahl, los vecinos no ven que entre y salga nada de la planta, pero Palau sigue apareciendo en las mesas de los salteños. No se sabe quién hace qué y cómo, y “puede ser a causa de  los amiguismos nuevamente”, concluyó Orozco.
     Si Plumada SA no responde al pedido de informe pronto, posiblemente crezca la versión de que el agua mineral de la que tantos están orgullosos es envasada por Oompa-loompas, provenientes de la nación de Lompalandia. Con o sin cataratas de la más pura H20, a esta altura se trata de creer o reventar.



Pedido de informe II


En mayo pasado ya se había requerido, a través de la solicitud de la diputada provincial Virginia Cornejo (PPS) al ministro de Finanzas, Carlos Parodi, un informe que detalle el monto de lo que el Estado le pagó a Plumada durante 2008, por el servicio de archivo de documentación pública.
     También se pidió información sobre “los mecanismos diseñados para encomendar tareas a la empresa, certificar y controlar su trabajo”. El motivo del requerimiento fue determinar cuánto costaba hoy en día lo acordado de forma polémica en 2006.
     Previamente, la empresa había recibido grandes beneficios fiscales por el régimen de promoción industrial, precisamente para construir las instalaciones que le permitirían luego celebrar el contrato. Se criticó además la ausencia de licitación y la falta de responsabilidad legal de Plumada ante la pérdida de documentos provinciales. “Si alguna documentación se extraviara, se destruyera total o parcialmente, por robo, sustracción, destrucción total o parcial, desaparición o siniestro de una caja de documentación bajo la custodia o responsabilidad de la firma comercial Plumada SA y por negligencia o imprudencia de dicha firma; ésta responderá, no por el valor histórico, u otro valor que pudiera tener un expediente judicial y consecuente valor económico si lo hubiera, o de otra naturaleza, sino por el valor del kilo papel”, reza el contrato.
     Según la agencia Copenoa, la UNIREN no revisó lo firmado y actualmente se estudia en la Auditoría General de la Provincia una operación celebrada entre el Ministerio de Educación y la empresa a fines de 2007, que quedó congelada a pesar de que Plumada cobró un adelanto de 3 millones de pesos.

Nota publicada en el semanario político salteño Cuarto Poder. Sábado 12 de septiembre, 2009.

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