Cuánta ingenuidad y exceso de esperanza que tengo a veces...
Con familia de campo -casi como el pan-, veo, escucho, lamento que por años y años hayan elegido destruir a los pequeños y medianos productores en favor de la concentración de la tierra; y del monocultivo, ahora.
Si hay algo que no está en duda cada vez que Cristina Fernández de Kirchner habla en público es su capacidad como oradora. No es casualidad que, sin mencionarlo, haya citado de forma equivocada a Carlos Marx en Plaza de Mayo el miércoles pasado, ni que compare la representatividad y legitimidad de las partes en conflicto como si realmente tuvieran el mismo peso.
“Les pido a aquellos, tal vez confundidos por la propia dinámica sectorial, que liberen las rutas y dejen que los argentinos volvamos a producir y trabajar”, reclamó ese día la presidenta. Lo hizo “en el nombre de la Democracia”, e instó a los productores a no tener miedo de ejercer la “representación sectorial”, porque si fuesen realmente representativos “no sería necesario que corten rutas para que no se comercialicen granos”.
Es cierto que los grupos económicos más fuertes del agro han sabido cooptar al resto de los sectores y a la opinión pública a favor de una lucha que en muchos aspectos no les es propia. Pero por negligencia de los sucesivos gobiernos –desoír pedidos, desatender necesidades y tomar “al campo” como un bloque homogéneo, como también lo hacen los medios- el caballito de batalla de los grandes sojeros se convirtió también en el de los medianos y pequeños productores de trigo, maíz, soja, leche, carne y regionales, que son más cantidad y los más perjudicados por el funcionamiento de la estructura de retenciones móviles.
En primera instancia, se están reclamando cambios en el decreto 125 que la semana pasada finalmente se mandó al Congreso. Pero entidades como la Federación Agraria van más allá: quieren modificaciones en el sistema de contrato arrendatario y en el límite de acumulación de tierras entre otras cosas, reclamo que seguramente más adelante los confronte con productores a los que esta vez decidieron unirse para negociar temas coyunturales con el gobierno.
Si bien hay quienes no comprenden la magnitud de la puja de intereses políticos y económicos que se está dando en la estructura de poder, lo que piden las bases es un cambio de sistema en el que son los grandes fideicomisos sojeros los que se llevan la mayor parte de la ganancia.
El gobierno habla de los ‘90 como si fuera la época a la que los productores quisiera volver, pero es precisamente eso lo que en repetidas oportunidades han manifestado que no desean. La década menemista, aún sin retenciones, fueron los peores años para la producción agropecuaria. Un cambio de políticas a nivel general podría ser la solución, cosa que por el contenido de los discursos y la puntualidad con que se habla de la soja y se pasa por alto al resto, el gobierno parece estar ignorando.
En cuanto a los cortes de rutas y a la comercialización de granos, es improbable pensar que pueda existir un consenso total entre los productores para no vender y entonces liberar los caminos. Si bien es un momento de unidad entre las cuatro entidades más importantes del agro, no son los únicos en el negocio.
Los grandes pooles de soja están por fuera del conflicto porque tienen vendidos desde el año pasado toneladas de materia prima al exterior que compran con el precio disminuido por las retenciones actuales. Esto quiere decir que se quedan con la diferencia que debería corresponderle al fisco a partir del decreto, porque el monto del impuesto que pagan corresponde al 2007.
La validez legal del modo de protesta, entonces, se convierte en un tema para analizar en forma separada del nivel de representatividad. Un cambio en el grado de apoyo entre los productores no provocaría que se dejen de comercializar granos para la exportación ni que se corten rutas para evitarlo, porque no apuntan a afectar sólo el mercado interno.
CFK también habló de legitimidad y de urnas. En referencia a Eduardo Buzzi (FAA), Mario Llambías (CRA), Fernando Gioino (CONINAGRO) y Luciano Miguens (SRA), afirmó que quienes lideran el conflicto son “cuatro personas a las que nadie votó”.
Si a lo que se refiere es a la acción de poner una boleta en un sobre, los representantes de las cuatro entidades fueron elegidos según el sistema interno de cada una. Si se refiere en cambio a que no tienen el apoyo real y concreto de la mayoría del electorado nacional, obvio sería responder que no, porque de esa forma no sería ella la presidenta de la Nación.
Una tercera acepción, y tal vez la más cercana a lo que realmente quiso decir, es que esos cuatro dirigentes no tienen el poder legítimo para decidir cortar rutas porque no forman parte del actual gobierno, que sí fue elegido democráticamente en las últimas elecciones.
Pero todo esto, estas tres posibles interpretaciones de una misma frase, no son más que el producto de la distracción que provoca el análisis de un falso problema planteado por la mandataria. Porque cada sector puede o no elegir el piquete como metodología de protesta, pero es responsabilidad del Estado, de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lidiar con ello. Entre otras cosas, para eso fueron votados o elegidos.
Las responsabilidades son distintas e incomparables. El Estado no puede delinquir o tomar medidas anticonstitucionales porque su función principal es controlar a la sociedad a través de normas y leyes, y hacerlas cumplir con el uso legítimo de la fuerza.
La FFA, CONINAGRO, CRA o la SRA, en cambio, representan grupos particulares y se manejan en función a ello. No se puede decir que el Estado es más legítimo debido a que abarca a más sectores, porque sería darles entidad estatal a grupos que no la tienen. Es poner en pie de igualdad al tipo de responsabilidad que tiene cada una de las partes. En última instancia, la responsabilidad máxima en la resolución de los conflictos sociales -que son la norma, no la excepción- es del Estado, no de una parcialidad particular.
El anuncio de las retenciones, mecanismo legítimo y necesario de recaudación, fue lo que le dio publicidad a esta gran puja por la renta nacional, que para muchos se ha convertido en una lucha por un cambio sistémico. El desafío de los K, entonces, pasa no sólo por cómo resolver el conflicto de manera que cada sector dentro del campo sea tenido en cuenta en función de su capacidad económica, si no también por cómo eligen comunicarlo.
El gobierno tiene la posibilidad histórica de reformular el modelo agropecuario y concretar la redistribución de la riqueza de la que tanto habla. Es una carta que el voto de la mayoría del electorado puso en sus manos y que legítimamente puede o no utilizar.
“Les pido a aquellos, tal vez confundidos por la propia dinámica sectorial, que liberen las rutas y dejen que los argentinos volvamos a producir y trabajar”, reclamó ese día la presidenta. Lo hizo “en el nombre de la Democracia”, e instó a los productores a no tener miedo de ejercer la “representación sectorial”, porque si fuesen realmente representativos “no sería necesario que corten rutas para que no se comercialicen granos”.
Es cierto que los grupos económicos más fuertes del agro han sabido cooptar al resto de los sectores y a la opinión pública a favor de una lucha que en muchos aspectos no les es propia. Pero por negligencia de los sucesivos gobiernos –desoír pedidos, desatender necesidades y tomar “al campo” como un bloque homogéneo, como también lo hacen los medios- el caballito de batalla de los grandes sojeros se convirtió también en el de los medianos y pequeños productores de trigo, maíz, soja, leche, carne y regionales, que son más cantidad y los más perjudicados por el funcionamiento de la estructura de retenciones móviles.
En primera instancia, se están reclamando cambios en el decreto 125 que la semana pasada finalmente se mandó al Congreso. Pero entidades como la Federación Agraria van más allá: quieren modificaciones en el sistema de contrato arrendatario y en el límite de acumulación de tierras entre otras cosas, reclamo que seguramente más adelante los confronte con productores a los que esta vez decidieron unirse para negociar temas coyunturales con el gobierno.
Si bien hay quienes no comprenden la magnitud de la puja de intereses políticos y económicos que se está dando en la estructura de poder, lo que piden las bases es un cambio de sistema en el que son los grandes fideicomisos sojeros los que se llevan la mayor parte de la ganancia.
El gobierno habla de los ‘90 como si fuera la época a la que los productores quisiera volver, pero es precisamente eso lo que en repetidas oportunidades han manifestado que no desean. La década menemista, aún sin retenciones, fueron los peores años para la producción agropecuaria. Un cambio de políticas a nivel general podría ser la solución, cosa que por el contenido de los discursos y la puntualidad con que se habla de la soja y se pasa por alto al resto, el gobierno parece estar ignorando.
En cuanto a los cortes de rutas y a la comercialización de granos, es improbable pensar que pueda existir un consenso total entre los productores para no vender y entonces liberar los caminos. Si bien es un momento de unidad entre las cuatro entidades más importantes del agro, no son los únicos en el negocio.
Los grandes pooles de soja están por fuera del conflicto porque tienen vendidos desde el año pasado toneladas de materia prima al exterior que compran con el precio disminuido por las retenciones actuales. Esto quiere decir que se quedan con la diferencia que debería corresponderle al fisco a partir del decreto, porque el monto del impuesto que pagan corresponde al 2007.
La validez legal del modo de protesta, entonces, se convierte en un tema para analizar en forma separada del nivel de representatividad. Un cambio en el grado de apoyo entre los productores no provocaría que se dejen de comercializar granos para la exportación ni que se corten rutas para evitarlo, porque no apuntan a afectar sólo el mercado interno.
CFK también habló de legitimidad y de urnas. En referencia a Eduardo Buzzi (FAA), Mario Llambías (CRA), Fernando Gioino (CONINAGRO) y Luciano Miguens (SRA), afirmó que quienes lideran el conflicto son “cuatro personas a las que nadie votó”.Si a lo que se refiere es a la acción de poner una boleta en un sobre, los representantes de las cuatro entidades fueron elegidos según el sistema interno de cada una. Si se refiere en cambio a que no tienen el apoyo real y concreto de la mayoría del electorado nacional, obvio sería responder que no, porque de esa forma no sería ella la presidenta de la Nación.
Una tercera acepción, y tal vez la más cercana a lo que realmente quiso decir, es que esos cuatro dirigentes no tienen el poder legítimo para decidir cortar rutas porque no forman parte del actual gobierno, que sí fue elegido democráticamente en las últimas elecciones.
Pero todo esto, estas tres posibles interpretaciones de una misma frase, no son más que el producto de la distracción que provoca el análisis de un falso problema planteado por la mandataria. Porque cada sector puede o no elegir el piquete como metodología de protesta, pero es responsabilidad del Estado, de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lidiar con ello. Entre otras cosas, para eso fueron votados o elegidos.
Las responsabilidades son distintas e incomparables. El Estado no puede delinquir o tomar medidas anticonstitucionales porque su función principal es controlar a la sociedad a través de normas y leyes, y hacerlas cumplir con el uso legítimo de la fuerza.
La FFA, CONINAGRO, CRA o la SRA, en cambio, representan grupos particulares y se manejan en función a ello. No se puede decir que el Estado es más legítimo debido a que abarca a más sectores, porque sería darles entidad estatal a grupos que no la tienen. Es poner en pie de igualdad al tipo de responsabilidad que tiene cada una de las partes. En última instancia, la responsabilidad máxima en la resolución de los conflictos sociales -que son la norma, no la excepción- es del Estado, no de una parcialidad particular.
El anuncio de las retenciones, mecanismo legítimo y necesario de recaudación, fue lo que le dio publicidad a esta gran puja por la renta nacional, que para muchos se ha convertido en una lucha por un cambio sistémico. El desafío de los K, entonces, pasa no sólo por cómo resolver el conflicto de manera que cada sector dentro del campo sea tenido en cuenta en función de su capacidad económica, si no también por cómo eligen comunicarlo.
El gobierno tiene la posibilidad histórica de reformular el modelo agropecuario y concretar la redistribución de la riqueza de la que tanto habla. Es una carta que el voto de la mayoría del electorado puso en sus manos y que legítimamente puede o no utilizar.
J.L.
Publicado en www.portalreconquista.com.ar el 26 de junio de 2008.
Foto Emparvando de Raúl Severini.
Fotos actuales, de internauta desconocido que tuvo el gusto de recorrer la Argentina.
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