El martes pasado la Asamblea Provincial Docente marchó a la Legislatura en repudio a la reducción de horas cátedra sin aumento salarial. Entregaron un documento de rechazo y se fueron con el reconocimiento como actor legítimo en la lucha gremial por parte del presidente de la Cámara de Diputados. A la espera de una respuesta del Ejecutivo, las implicancias del borrador de decreto que se filtró del ministerio.
Por Julieta Lucero
Se viene otro recorte estatal contra la educación. Por la crisis financiera, por el dengue, por la gripe A, por la glaciación que extinguió a los dinosaurios –aunque no a todos-, el sector docente está nuevamente en lucha contra un posible recorte salarial. Hace unas semanas se dio a conocer un documento del Gobierno en el que se plantea una reducción en el máximo de horas cátedra a las que puede aspirar, se señala un nuevo régimen de compatibilidades e incompatibilidades laborales tanto para públicos como para privados, pero nada dice sobre un reajuste del sueldo a favor de los trabajadores.
Al parecer, el “Borrador preliminar” (29/09/2009), nombre que se dio al texto, se habría filtrado del Ministerio de Educación y luego lo habría dado a conocer el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP). Concretamente, lo que plantea es que se deroguen los artículos 1 y 3 del decreto 14/91, norma en la que se estipula el régimen de incompatibilidades para la ocupación de puestos y el desempeño de funciones en el sector provincial. Esa derogación posibilitaría la reestructuración de acumulación de cargos y horas cátedra. Se pasaría, entonces, de un tope de 66 horas cátedra a uno de 45: 36 titulares y 9 interinas o suplentes.
Si bien esa modificación es celebrada por los docentes, que hace años reclaman el máximo de 45, nada dice sobre el valor de cada hora cátedra, que en la actualidad se calcula en relación al cargo testigo de un maestro de primaria, equivalente al monto que un profesor cobra por 17,1 horas cátedra. Por lo tanto, si bien el borrador de decreto no especifica una reducción salarial clara, sí disminuye el sueldo máximo posible, al impedir que el trabajador se someta a más horas de trabajo para acumular más dinero.
Aun cuando podría leerse como un buen gesto del Gobierno, el hecho de poner un límite a la autoexplotación a la que el romerismo sometió a los docentes tras establecer el tope de 66, bajar la cantidad de horas y no ajustar el salario implicaría una reducción efectiva del ingreso de la mayoría.
Detalles
El documento propone la derogación de los artículos 1 y el 3 del decreto 14/91. A partir de allí, plantea un nuevo régimen de acumulación tanto para públicos como privados (ver cuadro). El borrador afirma que “las horas cátedra acumuladas en el máximo previsto constituyen dos cargos docentes”, pero en ningún momento se deja en claro cuál es la relación de cargo, que luego permite calcular el salario. Según los trabajadores, que marcharon en reclamo a la Legislatura el martes pasado, “al no aparecer la nómina de cargos -artículo 3 del decreto 14/91-, no se expresa claramente las horas de cada uno. Esto pone en riesgo la relación de cargo –hora cátedra, que hoy es de 17.1”.
En el artículo 3, que determina las incompatibilidades, tanto horarias como éticas y funcionales, se plantea otro dilema. El texto dice que “no podrán desempeñar cargos del tramo directivo en un mismo establecimiento docentes vinculados por relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”. Según la directora y delegada de la Asamblea Provincial Docente, Myriam Bogarin, respecto a este tema el problema más grande no sería en los públicos. “No se puede tener ni un novio ni al marido trabajando en el mismo colegio, y hay que pensar que la mayoría de los privados son emprendimientos familiares. Es como prohibirlo en la administración pública. ¿Te imaginás al Indio Godoy? Se tendría que ir él, la hermana, la mujer, la hija, el hijo”, comparó la docente.
Otro fuerte cuestionamiento gira en torno al artículo 6 del borrador, que explica que un docente que en la actualidad tiene 66 horas asignadas puede mantenerlas hasta su “natural extinción”. Tan sofisticado término implica:
a. La renuncia voluntaria del agente.
b. El cese en los cargos u horas cátedra, por designación a término o presentación del titular en caso de suplencias.
c. El cese por cierre de cursos o divisiones, según el reglamento vigente.
d. La baja por disponibilidad, según el reglamento vigente.
e. El ascenso a un cargo de jerarquía superior en carácter de titular o permanentemente.
En cuanto a esto, Bogarin afirmó que “según confirmaron, el Estado va a salir a recorrer colegios para garantizar un máximo de 30 alumnos por curso. Pero sólo los colegios grandes tienen ese número. Por lo tanto, si no se cumple con la norma, se van a ir cerrando los cursos de aquellos que tienen 66 horas hasta que no haya más. A eso le llaman causas naturales.”
El reclamo formal
El documento que la Asamblea entregó en la Cámara de Diputados expresa un “rechazo contundente”, por considerar que el borrador “se contrapone al artículo 62 de la Constitución provincial, capítulo VI.”
Si bien el presupuesto 2010 no prevé aumentos en los salarios provinciales, tampoco se esperaba la posibilidad de un recorte docente tan grande. Ante esto, se solicita que las medidas que se pretenden aplicar “no afecten la situación laboral y la dignidad docente”, y que se restituya la relación 1-15, para que se aumente el valor de la hora cátedra y entonces tenga sentido lo que plantea el Gobierno.
También se pide el cambio del concepto “natural extinción”, y que se participe a todos los trabajadores del área en la toma de decisiones, no sólo a los cinco gremios, como hasta ahora viene haciendo la provincia.
A la expectativa
La situación de los trabajadores de la educación ya es crítica; tanto, que un gran porcentaje de los docentes que trabajan en el Estado también trabajarían en los privados, aunque no esté permitido. “Sumar otro puesto a las 66 horas cátedra de tope actual es cuestión de extrema necesidad o locura”, opinó la Directora. “Si se hace un cruce entre los que declararon por el privado y los que declararon por el Estado, seguramente se terminen iniciando sumarios”, especuló.
Según Bogarin, lo que se percibe en Salta ya es menor que en el resto de las provincias: “Tengo una hermana en Mendoza. Ella trabaja 36 horas cátedra, tiene casi la misma antigüedad que yo y gana lo mismo, cuando yo trabajo 66. Lo que proponemos, entonces, es que se haga la reducción, pero hablemos de salario”.
Tras la marcha del martes, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Godoy, reconoció a los docentes de la Asamblea como actores válidos en la discusión salarial. “Desde el punto de vista histórico, siempre los que terminaron discutiendo el salario fueron los autoconvocados”, respondió Godoy, al ser consultado por la actitud del ministro de Educación, Leopoldo Van Cawlaert, quien los dejó afuera de cualquier negociación del sector. Además, se comprometió a acercarle al Ministro el reclamo.
Su inclusión en la discusión salarial es necesaria, no sólo si se implementan las medidas del borrador de decreto. Luego de la caída de convocatoria en que resultó el descuento de las horas trabajadas por el paro de marzo, la Asamblea docente se reagrupa y espera una respuesta del Ejecutivo provincial.
Nota publicada en el semanario político salteño Cuato Poder. Sábado 31 de octubre de 2009. Edición 803.
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