Antes de que se realice la votación, Baltazar Garzón se había referido al cambio como "una de las mayores atrocidades en democracia".
El pleno del Congreso español aprobó ayer la reforma de la denominada “justicia universal”, que da competencia a los jueces españoles para investigar crímenes contra los derechos humanos cometidos fuera del territorio nacional. Con este cambio 12 causas internacionales serán archivadas, entre ellas el pedido de procesamiento para ex agentes de inteligencia chilenos por el secuestro y desaparición de un diplomático español durante la dictadura de Augusto Pinochet.
El pleno del Congreso español aprobó ayer la reforma de la denominada “justicia universal”, que da competencia a los jueces españoles para investigar crímenes contra los derechos humanos cometidos fuera del territorio nacional. Con este cambio 12 causas internacionales serán archivadas, entre ellas el pedido de procesamiento para ex agentes de inteligencia chilenos por el secuestro y desaparición de un diplomático español durante la dictadura de Augusto Pinochet.
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| Congreso de Diputados de España |
El día anterior a su aprobación, la Audiencia Nacional había dictado una orden internacional de detención contra el ex presidente chino Jiang Zemin y el ex primer ministro Li Peng por delitos de genocidio, torturas y crímenes de lesa humanidad contra la población del Tíbet. Según publicó el portal de noticias Euronews, para el director de la asociación tibetana que inició los trámites de la querella en 2006, Thubten Wangchen, la acción del Congreso fue en respuesta a las presiones de Pekín. Si bien la oposición votó en contra y algunos partidos señalan la reforma como inconstitucional, el gobierno español asegura que estará en vigor antes del verano boreal.
Otra persona que habló en contra de la reforma fue el ex magistrado español Baltazar Garzón quien, mediante el principio de justicia universal, había dictado el procesamiento y pedido de extradición de Pinochet en 1998. Antes de su aprobación y en diálogo con La voz de Galicia, Garzón aseguró que el cambio dictado por el Congreso nacional “es una de las mayores atrocidades en democracia contra los derechos de las víctimas, entendida la víctima como víctima universal”.
En coincidencia con las palabras de Wangchen, el ex juez afirmó que “es un error estratégico de este Gobierno que, por la posición de un país como pueda ser China, cede en esos derechos conquistados por las víctimas y consolidados por la Justicia al máximo nivel. Para Garzón se trata de "un retroceso gravísimo".
Entre la docena de causas que serán sobreseídas se encuentra el procesamiento de siete ex responsables de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena por su presunta participación en el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria en 1976, durante el régimen del dictador Augusto Pinochet.
Otra persona que habló en contra de la reforma fue el ex magistrado español Baltazar Garzón quien, mediante el principio de justicia universal, había dictado el procesamiento y pedido de extradición de Pinochet en 1998. Antes de su aprobación y en diálogo con La voz de Galicia, Garzón aseguró que el cambio dictado por el Congreso nacional “es una de las mayores atrocidades en democracia contra los derechos de las víctimas, entendida la víctima como víctima universal”.
En coincidencia con las palabras de Wangchen, el ex juez afirmó que “es un error estratégico de este Gobierno que, por la posición de un país como pueda ser China, cede en esos derechos conquistados por las víctimas y consolidados por la Justicia al máximo nivel. Para Garzón se trata de "un retroceso gravísimo".
Entre la docena de causas que serán sobreseídas se encuentra el procesamiento de siete ex responsables de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena por su presunta participación en el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria en 1976, durante el régimen del dictador Augusto Pinochet.
En América Latina son dos más las causas que quedarían sin resolución legal. Una de ellas es la querella de la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, instruida por el juez Santiago Pedraz, contra ocho ex altos cargos guatemaltecos por genocidio, terrorismo y torturas, en particular el asalto a la embajada de España en 1980 y los asesinatos de sacerdotes españoles. La otra está relacionada con el asesinato, entre otros, del jesuita español Ignacio Ellacuría, por cuyo caso se encuentran querelleados catorce miembros del Ejército salvadoreño.
Por Julieta Lucero
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